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5 de junio, día de la reivindicación indígena del pueblo Awajún – Wampis

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Foto: Internet

(Fuente: Municipalidad Provincial de Condorcanqui).- “El saldo del conflicto fue: 33 personas muertas (23 policías y 10 civiles), un policía desaparecido (Felipe Bazán Soles), 205 personas heridas (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos con impacto de bala, y 33 policías); y más de 100 personas detenidas entre nativos y mestizos».

El conflicto ambiental del 5 de Junio más importante del Perú, se desarrolló en el lugar denominado “curva del diablo”, a la altura del km 201 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en las cercanías de la localidad de El Reposo, provincia de Bagua Grande departamento de Amazonas. Conflicto denominado como el Baguazo entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las comunidades indígenas.

El principal acontecimiento que hizo que se inicie este conflicto fue el bloqueo por las comunidades nativas de una parte de la carretera Fernando Belaunde Terry llamada la “curva del diablo” debido a la promulgación de los Decretos Legislativos (DL) 1064 y 1090 y porque La minera Afrodita, empresa extractiva operaba en el distrito del Cenepa, en territorio indígena Awajún. Además del bloqueo de la carretera, ese mismo día los pobladores impidieron el funcionamiento de la estación 6 de Petro Perú y tomaron como rehenes a policías y a personas que laboraban en el lugar.

…“La represión del 5 de Junio encontró rápida respuesta de la contra ofensiva Awajún – Wampis que no dudaron en responder de igual a igual antes que los exterminen en maza como los sobrevivientes lo afirman…”

…“Los reservistas (combatientes del Cenepa) cumplieron una labor determinante dentro del teatro de operaciones, quienes lo convirtieron rápidamente en un bastión de resistencia. La conducción táctica y estratégica de los bravos nativos y patriotas reservistas (más de 2000 mil) fue imprescindible para tomar el control de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry (curva del diablo). El legado histórico militar de nuestra estirpe guerrera que sin retroceder entraron en el frente de batalla con inquebrantable resistencia moral a prueba de balas…”

…“De otro lado los efectivos de la DIROES seguían disparando a los nativos a pesar del Pacto de No Agresión firmado por ambos en la estación N° 6 de Petro Perú. Así se originó la inmediata respuesta de los nativos que al ver como se fulminada a quemarropa a sus hermanos de raza, optaron por enfrentar cara a cara a los efectivos policiales mandados por el gobierno originándose un combate sin cuartel (cuerpo a cuerpo)”…

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) lo ha denominado como un conflicto económico – político, el cual tiene sus orígenes desde años anteriores. Este organismo indica que el Estado aprobó los Decretos Leyes N° 1064 y 1090 con la finalidad de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno peruano no respetó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual se señala que el Estado debe consultar y comunicar a las comunidades indígenas cualquier decreto que pueda afectar directamente a sus tierras, ignorar este derecho consuetudinario es una violación a sus derechos de territorialidad.

Juicio y acusación: El proceso duró más de siete años y culminó el 22 de septiembre de 2016 con la absolución de todos los casos de los nuestros. Entre quienes están: Alberto Pizango Chota, Héctor Orlando Requejo Longinote (hoy nuevamente alcalde provincial de Condorcanqui), Santiago Manuin Valera, Merino Trigoso Pinedo y otros más, acusados de haber sido los instigadores. El fallo fue emitido de manera unánime.

Otros casos: Los casos que aún se encuentran en desarrollo son ‘Estación 6 de Petroperú’, en Imasita, donde los indígenas tomaron como rehenes a 39 personas (38 policías y un ingeniero), a quienes golpearon con sus lanzas. Diez de ellos fueron asesinados, entre los que se encontraba el comandante PNP Miguel Montenegro. También falta resolver la desaparición del mayor Felipe Bazán.

La responsabilidad política: La responsabilidad política por la orden de participación de la policía y el ejército durante el ‘Baguazo’ cae, según los abogados, en “La señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández (exministra de Comercio Exterior y Turismo), Yehude Simon Munaro (ex primer ministro), Mercedes Cabanillas Bustamante (exministra del Interior) y del expresidente Alan García Pérez, este último extinto.

Hasta hoy, los deudos de los caídos del 5 de Junio claman justicia, han pasado 11 años y el gobierno aún sigue displicente, nosotros continuamos con nuestra misión de preservar el medio ambiente, la ambición por la destrucción de nuestro medio ambiente se ha vigorizado, nos encontramos en una carrera por la vida, donde solo nuestros bosques milenarios y la sabiduría ancestral de nuestros sabios y sabias nos permitirán la salud a través de plantas medicinales, el mundo ha quedado convencido que nuestros propósitos son únicos, y son el preservar la vida del planeta; nuestra lucha por la vida y la autodeterminación de los pueblos indígenas del mundo (528 años) continua en marcha, tenemos los Awajún, Wampis e Hispanos la firme convicción de llegar al Bicentenario Nacional con Unidad, con Leyes que protejan nuestra gran nación Awajún y Wampis, reconocidos como territorios autónomos por los países del mundo, en cuyos tratados han reconocido nuestros derechos colectivos como principio universal del cuidado del medio ambiente.

Que el Gran Arutam/Ajutap/Dios se encargue de nuestro destino, no más conflictos, es el deseo de los pueblos indígenas del Perú y del Mundo.

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