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¿Cuánto me cuesta y cuánto vale?

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Foto: José Luis Castro.

(Opinión – José Luis Castro).- El pasado 8 de julio la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, emitió la Resolución Directoral Sectorial N° 240-2020-DRTC-A; a través de la cual se suspende temporalmente el transporte público de pasajeros, según informe de la DIRESA Amazonas, en donde recomienda suspender servicio de transporte publico interprovincial interno, entre otras cosas citando estas ideas principales, como que en amazonas se dio el primer caso detectado de COVID-19 un mes después que en la ciudad de Lima, entonces habría que tomar esa distancia de tiempo; además, y entre otros puntos más, hace mención a que la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, no ha cumplido con remitir el Plan Sanitario de Reordenamiento y Acondicionamiento del Terminal Terrestre; por lo que ha determinado no autorizar el reinicio del servicio, con el propósito de garantizar el control de un adecuado riesgo epidemiológico y capacidad sanitaria de la DIRESA-A.

Todo ello puede sonar muy técnico y protector; pero, como ente regulador del servicio de transporte en la región, suena más a un lavado de manos que a una verdadera preocupación. Lo digo de esta manera, porque, la autoridad a quien le encargaron llevar a cabo el control y la implementación de esta normativa (la Dirección de Fiscalización de Transporte Terrestre y Acuático) no está cumpliendo su labor adecuadamente; porque, ha hecho del transporte de pasajeros se juegue a la ruleta rusa y que algún día le caiga a alguien.

A diario vemos como ha tomado las carreteras el transporte informal de personas, por el mismo hecho de trasladarse de un lugar a otro de las personas, por diversas circunstancias. A ello se suma el abuso en los costos y los riesgos que se le “obligan” a asumir al pasajero, como viajar de manera ilegal, hacer uso de un vehículo no autorizado para este servicio, choferes como son de autos particulares hacer uso de la licencia de conducir simplemente A1, el SOAT de los vehículos para servicio particular, y no, para transporte de pasajeros, además a ellos, el tener que caminar largos trechos por caminos de herradura, con el fin de burlar los controles (en este caso la garita de San Antonio en Rodríguez de Mendoza) y otros más.

¿Cuánto me cuesta, cuánto vale la vida de una persona para ponerle también en riesgo? Creo que la respuesta es obvia: de valor incalculable. Entonces, ¿serán responsables los que firmaron esta resolución, por si algún día (Dios no lo quiera) si sucediera un accidente de tránsito, precisamente por usar este tipo de transporte ILEGAL hasta hoy?

¿Pueden las municipalidades con su autonomía legal, apoyar a su población que con los debidos protocolos de seguridad sanitaria se realice un transporte formal con las empresas legalmente constituidas y autorizadas para que se reaperture el transporte terrestre? O fueron las autoridades que queriendo sin querer legislaron para que una SOLA empresa pueda ingresar y realizar este servicio como GH Bus. Dios dé sabiduría a nuestras autoridades para que opten por la mejor decisión y no dejen que los “piratas” y los “informales” se adueñen de las carreteras.

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